sábado, 16 de junio de 2012

SUEÑOS PARA TENER UNA CASA.....

¿Créditos para todos o empobrecimiento para algunos?

El día de ayer, la presidente de la república, Cristina Fernández de Kirchner, anunció una nueva línea de créditos administrada por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). 

El anuncio de esta línea cobró visos de rutilancia dado lo novedoso y, en apariencia, conveniente del proyecto; se otorgarán líneas de créditos para el grueso del arco ciudadano -previstas para familias ya sea de bajos ingresos hasta aquellas de más de 30 mil pesos- a una tasa ostensiblemente inferior a la de mercado. 

Dado que los fondos desde donde emanan los préstamos requieren una administración que tenga como principal eje la evaluación presente de los rendimientos futuros -son fondos que se administran para afrontar las jubilaciones futuras de las generaciones activas presentes-, es necesario mostrar entonces un modelo que pueda considerarse explicativo sobre los riesgos, ventajas o desventajas que pueden tener decisiones económicas cuya motivación se ve empujada por una agenda política[i]. 

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Imaginemos una sociedad formada por 100 personas, de las cuales 60 trabajan, 20 son niños y 20 ancianos. Los salarios son de 5 mil pesos por año y por cada salario se depositan 1000 pesos como fondo de asistencia para jubilaciones y pensiones. Entonces, el neto del volumen de pesos es de 300 mil. 

De los mil pesos de fondo de pensiones, 500 se utilizan para pagar jubilaciones presentes, y 500 se reinvierten para captar ganancias para pagar jubilaciones futuras. Entonces, los 20 jubilados cobrarán de un fondo fijo de 30 mil pesos (la mitad de 60 mil, que salen de los mil por cada salario de las sesenta personas ocupadas) más el neto de un flujo de fondo que sale de su aporte pasado en su ciclo activo, más ganancias administradas; supongamos otros 30 mil pesos. Cada jubilado entonces cobrará 3 mil pesos de pensión y el estado tendrá que administrar 30 mil pesos para los jubilados futuros que hoy son aportantes activos. 

Supongamos que no existe inflación y que cada 10 años se duplica la cantidad de personas. 

Entonces, en 10 años tendremos 200 personas, 120 de las cuales trabajaran, 40 serán niños y 40 ancianos. Siguiendo el parámetro inicial, los 40 ancianos deberían cobrar 3 mil pesos, por lo que se necesitarán 120 mil para cubrir nominalmente el requerimiento. 

Si pensamos que tenemos activos 120 personas que ganan 5000 cada una y aportan 1000 pesos por salario, tenemos de donde extraer el dinero; ahora hay una masa total de 600 mil pesos, un fondo de 120 mil pesos (de los que salen 60 mil netos para aportar al fondo de jubilaciones y pensiones y 60 mil al fondo de administración de jubilaciones futuras). Aunque continuando con los parámetros iniciales, debemos tener en cuenta que ahora se destina el doble de reinversión para captar ganancias para pagar jubilaciones futuras, dado que hay el doble de cantidad de habitantes. 

Si anteriormente la reinversión administrada era de 30 mil pesos, ahora ha de ser de 60 mil, por lo que no alcanzaría el presupuesto actual -120 mil menos 60 mil no da el numero de 120 mil que se requieren para pagar las jubilaciones actuales-, pero si tenemos en cuenta el fondo de 30 mil pesos que en el pasado se había destinado por la generación anterior como aporte para su futuro, entonces veremos que, suponiendo que se extrajo una rentabilidad del 100%, esos 30 mil pesos se transformaron en 60 mil[ii]. Finalmente tenemos una cifra de 120 mil pesos como fondo de jubilaciones y pensiones; una administración racional y eficiente mantuvo la calidad de vida de sus ciudadanos optimizando el rendimiento del fruto de su trabajo.

Incorporemos ahora a esta dinámica un poco de realidad; supongamos una inflación del 10% anual. 

Partiendo desde el mismo momento, con los mismos parámetros y luego de 10 años; ¿Que sucedería con la administración de los fondos de pensiones y la calidad de vida de los ciudadanos a medida que transcurre el tiempo? 

Los salarios luego de 10 años deberían duplicarse, al igual que el fondo disponible para jubilaciones, el pago neto correspondiente con el incremento administrado del fondo adelantado en el pasado para jubilaciones y pensiones presentes, también el gasto en infraestructura. 

Si todo permanece equilibrado, esto será así; los salarios pasarán de 5 mil pesos, con una inflación anual de 10 %, en 10 años, a ser de 10 mil pesos[iii]. Las jubilaciones pasarán de 3 mil a seis mil, la reinversión de los fondos de jubilaciones pasará de ser 60 mil a 120 mil. O sea, en 10 años la masa monetaria total se duplicaría, suponemos una concomitante correspondencia en la cantidad de bienes y servicios que ésta representa.

Incorporando algo más de realidad al relato en forma de modelo, hemos de incorporar ahora un dato de la realidad insoslayable y es el efecto de la administración de transferencias de fondos que suele hacer el sector público con el objetivo altruista de redistribuir. 

Volvamos nuevamente al momento original y supongamos que del fondo de previsión futura que realizan los actuales trabajadores, el estado otorga préstamos a una tasa inferior a la del mercado; si la tasa es de 10% en el ejemplo, suponemos que el estado otorga préstamos a una tasa del 5%. Veremos que las consecuencias de este empujón, en realidad aproximan el resultado del proceso a una especie de atadura. 

Volviendo al punto de partida, y sin crecimiento poblacional, tenemos para el manejo de préstamos un total de 30 mil pesos del fondo aportado por los 60 empleados activos para su jubilación futura, los cuales deberán transformarse en al menos 60 mil en el contexto inflacionario mencionado. 

Si el administrador de turno en el estado utiliza estos 30 mil pesos para prestar a una tasa inferior a la de mercado, supongamos del 5%[iv], logrará adquirir tan solo 15 mil pesos, llegando a un neto de 45 mil para aportar al fondo con el que se pagarán las futuras jubilaciones de los actuales aportantes. Una evaluación de proyectos correctamente realizada, que permita incorporar la tasa de inflación, la tasa de retorno en 10 períodos y traccionar al presente los ingresos esperados futuros, decantaría en un valor actual neto inviable para realizar una administración responsable, siempre y cuando, se respete el discurso de estar administrando sobre la base de no generar desequilibrios que empujen a la pérdida del poder compra (empobrecimiento) de las jubilaciones futuras de los trabajadores presentes, a los cuales -y es digno reiterar-, se les extrae parte de sus salarios como fondo de administración de jubilaciones y pensiones. 

Así, de los 60 mil que deberían acompañar a los 60 mil de fondo presente, ahora solo hay 45 mil, por lo que el fondo para afrontar los pagos no es de los 120 mil pesos necesarios para mantener en 6 mil el pago actual de jubilaciones para 20 personas sumada inflación, sino que deberemos afrontarlo con un fondo de 105 mil pesos (60 mil presentes más 45 mil de administración deficiente depreciada por la inflación). 

Así, solo podremos pagar a nuestros ancianos como máximo, cinco mil doscientos cincuenta pesos. O sea, setecientos cincuenta pesos inferior al poder de actualización de las jubilaciones en contexto inflacionario. En términos reales, dado el poder de compra de las jubilaciones así establecidas luego del proceso, indican que los jubilados se han empobrecido en un 12,5% respecto a las jubilaciones pasadas. Si el proceso continúa, en unas décadas los jubilados estarán cobrando un ingreso nominal que será miserable dados los precios del mercado. 

Para evitar este espiral negativo, el proceso se puede amortiguar temporariamente solicitando préstamos para cubrir el faltante -generalmente empujado por una agenda política en contextos electorales, proceso que obtura la posibilidad de una evaluación correcta, creando parches de financiamiento de contraprestación elevada-. Tal mecanismo agrega así un nuevo compromiso futuro que deberá ser cubierto en forma efectiva para no caer en un espiral de obligaciones de difícil cumplimiento sin ajustes dolorosos. En la medida que no se mejoren las administraciones de los fondos y continúe creciendo el hueco, como se muestra en el ejemplo, el ajuste es inevitable. La tasa creciente con la que el sector público comenzará a financiarse para mantener el poder real de compra del fondo de pensiones, es la medida justa que penaliza deficientes administraciones y no una extorsión mercantil que pretende un abordaje rapaz a las arcas públicas. Lo correcto sería administrar a ritmo de mercado y no generar distorsiones que decanten en penurias innecesarias.

El desarrollo realizado, si bien está compactado sobremanera, no deja de ser un intento por mostrar con claridad lo esencial de una dinámica de administración temporal en un contexto inflacionario. 

En el día de ayer se ha anunciado una línea de créditos para viviendas que se precia de poseer una tasa de interés claramente más baja a la de mercado y en un contexto de inflación que la duplica en porcentaje. Así, y como en el ejemplo, la tasa es negativa y muestra claramente una ineficiente utilización de fondos, los cuales corresponden a la ANSES, que es la institución encargada de velar por la administración presente de las jubilaciones futuras.

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